TENEMOS UN NUEVO PODER JUDICIAL...

EL DÍA SIGUIENTE DESPUÉS DE LA ELECCIÓN.

El Poder Judicial de la Federación recibió el último golpe en la batalla más larga de su historia; en la pesadilla que ha atravesado la República que durante meses había parecido interminable.

Aquella lucha que formalmente comenzó al sonar la campana aquel cinco de febrero de dos mil veinticuatro, cuando un sujeto con un hedonismo de poder depravador e insaciable, presentó una iniciativa de reforma constitucional para desmantelar al único contrapeso que no cedió a sus caprichos ni a sus intereses perversos y oscuros.

Esa batalla por la que muchos nos resistimos, luchamos, nos manifestamos, alzamos la voz dando la vida entera con la intención de defender la división de poderes, la democracia, el Estado Constitucional de Derecho, pero, sobre todo, el verdadero ejercicio de la función jurisdiccional, por aquella Justicia independiente e imparcial, al fin terminó… pero no de la mejor manera.

Esta contienda que, llevada a cabo en el estadio de la arena política, tuvo su final el domingo primero de junio de dos mil veinticinco, cuando por fin lograron acabar y sucumbir por completo a la judicatura federal.

¿Qué es lo que sigue? Amaneció el día dos de junio aún con mayor incertidumbre… perfiles no aptos para impartir justicia comienzan a figurar en las listas de candidatos vencedores, la mayoría sin carrera judicial, sin conocimientos técnicos ni especializados, muchos de ellos sin ni siquiera haber revisado o al menos hojeado un expediente… Estas personas serán quienes, disfrazadas con una toga, comenzarán a construir ahora su “curva de aprendizaje”.

Es difícil pensar que la sociedad mexicana, cree que tener juzgadores quienes comprometieron el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales con promesas de campaña, con la finalidad de obtener simpatía, podrán resolver los problemas de justicia cuando muchos de ellos, ni siquiera le corresponden al poder judicial, sino al sistema de procuración de justicia.

El rezago de los asuntos tramitados en los órganos jurisdiccionales no ha desaparecido, por el contrario, el trabajo incrementa cada día más en los Juzgados y Tribunales, por ello que sería absurdo pensar que la dilación en la impartición de justicia desaparecerá por haber cambiado a los jueces y magistrados.

Al menos para el año 2024, los Tribunales Colegiados de Circuito reportaron una carga de trabajo de 671,357 asuntos, de los cuales se resolvieron 393,256. Y para los Juzgados de Distrito quienes reportaron una carga de trabajo de 1,605,987 asuntos, pudieron egresar 1,383,576.[1]

Lo anterior en el entendido de que únicamente hay 429 Juzgados de Distrito y solamente 260 Tribunales Colegiados de Circuito en todo el país, esto sin tomar en consideración diversos óranos jurisdiccionales como los Centros de Justicia Penal Federal, los Tribunales Colegiados de Apelación, entre otros, los cuales no son menos importantes.[2]

¿Las elecciones del domingo pasado, fortalecen el sistema de justicia en México? Evidentemente no.

Sobre todo, porque vivimos en un país que según cifras proporcionadas por el Consejo Nacional de Población (CONAPO)[3], la población total en México para el 2024 fue estimada en 132,308,276 habitantes, de ahí que no exista ni siquiera un solo órgano jurisdiccional, un Juzgado o un Tribunal, por cada cien mil habitantes.

Cuando la recomendación internacional tomada por países europeos es de aproximadamente 21 juzgadores por cada cien mil habitantes.[4] Esto no implica tampoco, que a mayor cantidad de jueces necesariamente habrá una mayor y mejor Justicia. Sin embargo, lo cierto es que al menos el rezago de los asuntos por cargas laborales pudiera ser redistribuido de una mejor manera, solucionando la dilación en el dictado de las sentencias y la resolución de los asuntos.

¿Cómo se logra esto? Evidentemente destinando mayores recursos económicos y no por el contrario, asfixiando presupuestalmente al poder judicial recortando y disminuyendo su presupuesto, como ha sucedido hasta ahora.

Aún sigue muy presente en mi mente, ¿por qué se dio la reforma constitucional? Cuando objetivamente y a todas luces es totalmente contraproducente y no sólo para los abogados o quienes ejerzan profesionalmente el derecho, sino para todas las personas, para toda la gente que pida a gritos justicia, para todos los justiciables, incluso, para quienes hoy se encuentran en posiciones o situaciones especiales de poder y estén ocupando diversos cargos públicos. A todos nos conviene una judicatura imparcial, autónoma e independiente, especialmente del poder político.

Sin embargo, la única respuesta a la que llego cada vez que me realizo esta pregunta, es que todo esto sucede cuando la persona quien se encarga de trazar el rumbo político de una Nación democrática y constitucional desconoce el verdadero significado de la democracia, su valor epistémico, o peor aún, que conociéndolo tome estas decisiones para acabar con ella, controlando a su completo antojo, la narrativa institucional con un discurso de odio, rencor y división.

Al final, no es raro que en los Estados que transitan de la democracia hacia las políticas autoritarias y dictatoriales, donde los derechos y libertades se ven claramente con mayores restricciones, surja la idea de pretender debilitar el sistema institucional, acabar con los frenos, pesos y contrapesos y con ello, querer controlar y tener todo el poder absoluto.

La reforma constitucional acabó con miles de proyectos de vida, terminó enterrando carreras judiciales de años de servicio, desconoció trayectorias impecables, aniquiló el espíritu de vocación de servicio de muchísimas personas, modificó la idea del servicio público desinteresado para convertirla en un botín de cargos públicos para repartir tal y como sucede en el poder ejecutivo, cambió el ideal de respeto y honorabilidad por la judicatura basada en méritos, conocimiento y experiencia, transfiguró la idea del Juez o Magistrado, dejando de ser aquella figura respetada, a la que sólo algunas cuantas personas podían llegar a ser…

No nos queda más que seguir en la búsqueda incansable de la Verdad, pues la Verdad es la que sostiene en su más amplia plenitud a la Justicia.

El reto ahora será más difícil, pues siempre habrá personas oportunistas que pretendan comprometer no sólo a la Justicia sino a la Verdad misma, esto con la finalidad de obtener un beneficio personal tal y como lo vimos en estos meses de campañas político-electorales, donde pudimos ser testigos, de quienes decidieron comprometer a la Justicia para obtener un cargo público, como si de ello dependiera la reconfiguración de sus vidas profesionales.

Referencias.

[1] Información y datos tomados del Anexo Estadístico del 2024, que presenta la información de la actividad jurisdiccional recopilada mensualmente mediante reportes estadísticos y sistemas de gestión por la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, recuperado de: https://www.dgej.cjf.gob.mx/resources/anexos/2024/graficas/intro_2024.pdf

[2] No hago referencia a los datos estadísticos de estos órganos jurisdiccionales, no porque no sean importantes, sino más bien, porque no son órganos de control constitucional que resuelvan juicios de amparo.

[3] La información de esta sección se obtiene de las proyecciones publicadas por el CONAPO, esto es, de las Proyecciones de la Población de los Municipios de México, 2015-2030, mismas que se pueden consultar en: https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-delas-entidades-federativas-2016-2050.

[4] Según el informe de evaluación de los sistemas judiciales europeos del 2022, de la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia, recuperado de: https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1729667293_cepej-evaluation-report-2024-general-analyses.pdf